Prevención - Poblaciones diana
a) La sociedad en su conjunto: Si bien la sociedad española, no puede considerarse un «sector» sobre el que actuar, la implicación de la ciudadanía, en general, puede promoverse de distintas formas:
- Reforzando la participación de la sociedad civil a través del movimiento asociativo y de las entidades sociales.
- Fomentando los valores culturales que incrementen la autonomía y la responsabilidad personal y familiar, así como los factores de protección en general, las habilidades de gestión familiar y las habilidades sociales y para la vida en particular.
- Manteniendo acciones informativas sostenibles a largo plazo, canalizadas a través de los medios de comunicación social, basadas en la evidencia científica y que potencien la transferencia de conocimientos de los expertos a la sociedad en su conjunto, mediante un lenguaje claro y comprensible.
- Promoviendo la utilización por parte de las entidades públicas y privadas, y de las personas individualmente, de los recursos documentales e informativos existentes y de las nuevas tecnologías de información (Internet, etc.) que han supuesto un cambio cuantitativo y cualitativo decisivo en la transmisión del conocimiento científico
b) La familia: La familia sigue constituyendo el núcleo más importante de socialización, a pesar de los acelerados cambios sociológicos que se han producido durante las últimas décadas y que han supuesto una transformación de su estructura. Es, además, una de las referencias más sólidas para los adolescentes que, en general, la consideran, junto con los amigos, entre los ámbitos más importantes de su vida.
De acuerdo con ello, deben facilitarse las actuaciones que impliquen una mejora de las competencias educativas y de gestión familiar, así como aquellas que faciliten el incremento de la cohesión familiar y refuercen la resistencia de todo el núcleo familiar, especialmente de los miembros más jóvenes, a la exposición y el consumo.
Debe promoverse, asimismo, el desarrollo transversal de la participación social de las familias, potenciar las redes informales existentes entre éstas, así como reforzar y facilitar al máximo la participación familiar en los centros educativos.
La información y los programas y actividades a desarrollar se adaptarán a las circunstancias y condiciones culturales y sociales de los diversos tipos de familia.
c) Población infantil, adolescentes y jóvenes: Se trata de sectores de la población que por diversas razones (situación en la etapa de desarrollo hacia la madurez, especial vulnerabilidad a los estímulos hacia el consumismo en general, curiosidad ante las novedades, etcétera), pueden verse afectado en mayor medida en relación con el uso de drogas.
De otro lado, cabe señalar que son los adolescentes y los jóvenes quienes más participan en los denominados «consumos recreativos» de drogas como el cannabis o el alcohol y, en menor medida, la cocaína. Es imprescindible contar con ellos, tanto a la hora de aplicarlas actuaciones preventivas, como incluso en el diseño y elaboración de las mismas.
d) La comunidad educativa: La comunidad educativa, en su acepción más amplia, constituye, junto a la familia, la instancia más importante para la socialización de las personas. Para optimizar los resultados de la educación sobre drogas es imprescindible, tanto la implicación de los tres elementos que constituyen la comunidad educativa (alumnado, familias y profesorado), como la adecuada coordinación entre los mismos y con los recursos sociales y sanitarios existentes en el territorio local.
Por tanto, será necesario conseguir un alto grado de interrelación entre las actuaciones que se lleven a cabo desde los ámbitos social, sanitario y educativo, así como buscar y facilitar al máximo la colaboración y complicidad de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y del personal docente, para la potenciación de la educación en valores y en la promoción y educación para la salud en general.
e) La población laboral: La población laboral incluye a una capa muy amplia de la sociedad (población activa) y posee unas características comunes: estructuración social, espacial, temporal, recursos humanos, técnicos y económicos. Estas características no sólo facilitan y favorecen la intervención preventiva sino que, además, contribuyen de forma muy positiva a alcanzar objetivos preventivos, tanto en su propio medio como en el conjunto de la comunidad, además de facilitar la integración social.
Las actividades desarrolladas con población laboral han de regirse por el enfoque de salud integral que propugna el Plan Nacional sobre Drogas y deben contemplarse incardinadas como parte del desarrollo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
El abordaje de la prevención del consumo de drogas en el ámbito laboral requiere de estrategias y actuaciones específicas en las que son necesarias la implicación tanto de las empresas como de los trabajadores y sus representantes (sindicatos), conjuntamente con los servicios de prevención de riesgos laborales. En este sentido, se considera muy importante el papel que deben desarrollar las Comisiones para la Prevención y el Tratamiento de las Drogodependencias en el Ámbito Laboral, tanto en su acepción estatal como autonómica.
En relación con este apartado, conviene referirse a lo que se conoce como Responsabilidad Social Corporativa o Responsabilidad Social de la Empresa. Con ella se alude al conjunto de obligaciones y compromisos, legales y éticos, tanto nacionales como internacionales, que se derivan del impacto que la actividad de las empresas producen en los ámbitos social, laboral, medioambiental y de los derechos humanos. En el tema de las drogodependencias, las actuaciones de las empresas, junto con los sindicatos y las ONG pueden ser decisivas a la hora de facilitar la integración laboral de los drogodependientes, la inversión en proyectos solidarios y el voluntariado de sus empleados.
También conviene referirse a las acciones que las Administraciones Públicas, en tanto en cuanto emplean a un elevado número de personas, están desarrollando y van a seguir haciéndolo sobre la base de la preocupación por la salud y el bienestar de los empleados públicos, ya sea en el marco de programas de responsabilidad social, como extensión de los programas de prevención de riesgos laborales, o como programas específicos de promoción de la salud en el trabajo.
f) Los colectivos en situación de especial vulnerabilidad: En los apartados anteriores se hace referencia a sectores de población identificados con un criterio generalista o universal, es decir, sin tener en cuenta su potencial exposición a factores de riesgo específicos (sociedad general, familias, población adolescente y juvenil, etc). No obstante, esta Estrategia considera imprescindible tener en cuenta a determinados colectivos que, por diversas razones, se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, tanto en lo que se refiere a su inserción en la sociedad, como, de una forma más concreta, en lo que esa situación pudiera afectarles en su relación con el consumo de drogas.
Entre estos colectivos cabe señalar poblaciones inmigrantes, minorías étnicas o culturales, así como la población con problemas de salud mental, jurídico-penales y, en general, aquellos colectivos con especiales dificultades económicas, sociales, familiares o personales, entre los que hay que mencionar a los hijos de los propios consumidores de drogas y a los menores internados en centros de protección o reforma.
El papel de la población inmigrante en la sociedad española es cada vez más relevante. No sólo es el grupo de población que más aumenta, con un índice de natalidad mayor, sino que su participación en diversos sectores y segmentos de nuestra economía y sociedad es creciente, impulsando también cambios socioculturales. Es preciso señalar la necesidad de diferenciar diversos colectivos dentro de la población inmigrante, así como la de conseguir la implicación de estos mismos colectivos en el diseño y desarrollo de las políticas de prevención. En ningún caso es legítimo generalizar y atribuir a esta población una incidencia mayor de problemas relacionados con las drogas a la de la población española en su conjunto, tanto en lo que se refiere al tráfico, como en relación con el consumo de drogas, pero sí puede ocurrir que, en algunas circunstancias, las drogodependencias u otros problemas relacionados con las drogas puedan afectar, con características propias, a algunos sectores de población inmigrante.
En la actualidad, es posible identificar una serie de condiciones personales y sociales que incrementan la vulnerabilidad hacia el consumo de drogas; la mayoría de ellas se relacionan con otras conductas problemáticas tales como el fracaso escolar, los problemas con la justicia, los embarazos no deseados en adolescentes, las conductas de riesgo para la salud, o el comportamiento violento, porque en la raíz de todas estas conductas se pueden encontrar procesos comunes.
Las conductas de riesgo y, dentro de ellas, el abuso de drogas, son procesos que suelen ir conformándose a lo largo del desarrollo del individuo, a veces desde las primeras etapas, a través de fracasos en los procesos de integración social.
Los colectivos en situación de marginación social han sido y son uno de los segmentos poblacionales más castigados por las drogodependencias. Si a esto sumamos el hecho de que se observa un mayor riesgo de que pueda producirse algún tipo de implicación en la distribución de drogas al por menor y de que, en muchas ocasiones, a personas de estos colectivos se les relaciona con la delincuencia, se comprenderá que debe seguir siendo una de las poblaciones con las que es preciso intensificar el trabajo en todas las facetas de la intervención en drogodependencias.
